Plena inclusión estima que casi un 10% de las personas vacunadas hasta la fecha en España son personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (TEA, síndrome de Down y parálisis cerebral) residen en entornos institucionalizados, fundamentalmente residencias. “Este dato es positivo, aunque en muchos otros servicios en los que se atiende a personas con discapacidad intelectual, no se está vacunando con la misma celeridad”, destaca Santiago López, presidente de Plena inclusión España. Por tanto, la organización insta a las autoridades sanitarias (estatales y autonómicas) a extender y agilizar el cumplimiento de esta fase a todo el territorio español, así como a eliminar de forma progresiva las duras restricciones que han sufrido miles de personas con discapacidad que, en muchos casos, llevan un año sin abandonar las residencias.
Además, Plena inclusión anima a que se priorice en la vacunación a cualquier persona que participe en un recurso donde existan dificultades para mantener la distancia de seguridad. Esto ocurre en los servicios más masificados: centros de día, ocupacionales, etc. En este tipo de recursos, aunque se siguen respetando en lo posible las medidas restrictivas que conllevan un riesgo de contagio del virus en las personas.
La confederación que agrupa a 935 asociaciones y gestiona 4.000 centros y servicios (centros residenciales, colegios de educación especial, centros especiales de empleo, centros de día, etc.), también solicita la mejora de información accesible para que llegue a las personas con mayores dificultades cognitivas. Preocupa especialmente que no se incorporen en esta fase de la estrategia a los cuidadores no profesionales, fundamentalmente padres y madres, que de ser infectados pueden suponer un peligro de desatención y desamparo. Plena inclusión recomienda que se incorpore al grupo de convivencia pues las familias tendrían muchas dificultades de atender a la persona con discapacidad y a otro familiar infectado.
Otros ausentes de la estrategia estatal
Otra de las demandas de Plena inclusión es que las administraciones arbitren medidas específicas adaptadas a las personas con dificultades de comportamiento y barreras para la comunicación, como pueden ser personas con TEA y otras discapacidades del desarrollo o trastorno dual (discapacidad intelectual y salud mental).
Plena inclusión agradece que la Estrategia estatal de vacunación frente a la COVID-19 incluya a “las personas que requieren intensas necesidades de apoyo para desarrollar su actividad”. Estas, aun no teniendo el grado III de dependencia reconocida, pueden ser vacunadas acreditando a través de un certificado médico sus necesidades de apoyo. Así se puede llegar a reconocer que pertenecen al grupo 4.
Finalmente, la organización llama la atención sobre grupos población concreta que según los estudios e investigaciones tiene especial vulnerabilidad, que son las personas con discapacidad intelectual con patologías asociadas. Lo mismo podría decirse de la población penitenciaria con discapacidad intelectual que está sometida a mayor riesgo en las cárceles.
